Potestad ejecutiva

Frecuentemente se identifica con la potestad administrativa. Es la parte de la potestad de régimen que posee un sujeto, por su oficio o por delegación, que la ejerce en la actividad de gobierno y de administración al tomar decisiones sobre las personas físicas y jurídicas, para lograr los fines propios de la Iglesia.

Los actos jurídicos más característicos de la potestad ejecutiva son los actos administrativos singulares (decreto, precepto, y rescripto que contiene un privilegio, dispensa o gracia), y determinadas normas administrativas como los decretos generales ejecutorios y las instrucciones.

Los sujetos titulares de la potestad administrativa son los de la potestad de régimen, es decir, los que han recibido el orden sagrado; los laicos podrán cooperar en el ejercicio de esa potestad según el derecho. Al ejercicio de esta potestad se relacionan directamente las figuras del ordinario y ordinario del lugar, en cuanto oficios previstos por el ordenamiento para ejercerla. En el caso del vicario general y los vicarios episcopales, no la ejercen de modo completo sin un mandato especial.

El ejercicio de esta potestad está limitado por el sometimiento a la ley, y sobre el mismo cabe un cierto control de otros órganos administrativos o de los judiciales, en particular mediante el recurso jerárquico y el recurso al Tribunal de la Signatura Apostólica.

En el error común de hecho o de derecho, así como en la duda positiva y probable de derecho o de hecho, la Iglesia suple la potestad ejecutiva de régimen, tanto para el fuero externo como para el interno, por razones de seguridad jurídica y para evitar dudas sobre la validez y eficacia de los actos.

Fuentes: CIC cc. 129, 134, 135 §4-144, 391, 1445 §2

Voces relacionadas: ACTO ADMINISTRATIVO, POTESTAD DE RÉGIMEN, POTESTAD DELEGADA, POTESTAD JUDICIAL, POTESTAD LEGISLATIVA