Silencio administrativo

Es un instrumento jurídico existente en los ordenamientos civiles, que la Iglesia ha incorporado también en el derecho canónico, con el fin de facilitar una actividad  administrativa justa y proteger el derecho de los fieles ante la pasividad o el silencio de la autoridad.

Cuando la ley prescribe que se emita un decreto, o cuando el interesado presenta legítimamente una petición o recurso para obtener un decreto, la autoridad competente debe proveer dentro de los tres meses que siguen a la recepción de la petición o del recurso, a no ser que la ley prescriba otro plazo. Transcurrido este plazo, si el decreto aún no ha sido emitido, se presume la respuesta negativa a efectos de la proposición de un posterior recurso. La presunción de respuesta negativa no exime a la autoridad competente de la obligación de emitir el decreto, e incluso de reparar el daño que quizá haya causado.

Se habla de silencio administrativo negativo también en referencia a la falta de actividad de la autoridad a la que compete un recurso administrativo jerárquico.

No se ha previsto por la ley un silencio administrativo positivo, por el que de la inactividad se desprendería la aceptación de lo solicitado, pues sería poco prudente y podría producir injusticias o daño al interés común de la Iglesia. Hay una excepción en el caso de la excardinación e incardinación de un clérigo en otra diócesis, en el que el silencio por cuatro meses de uno u otro obispo equivale al consentimiento.

Fuentes: CIC c. 57; Reglamento General de la Curia Romana art. 136

Voces relacionadas: ACTO ADMINISTRATIVO, DECRETO SINGULAR, RECURSO JERÁRQUICO